Sí Se Puede considera “un atropello a los derechos de los vecinos de Redován” la privatización del servicio de abastecimiento agua

Este miércoles se votaba en el Pleno del Ayuntamiento de Redován, a instancia del gobierno local del Partido Popular, la publicación de los pliegos de las cláusulas para la licitación del servicio de abastecimiento de agua y alcantarillado

- Escrito el 30 noviembre, 2017, 12:02 pm
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  • Sí Se Puede considera que con esta decisión los populares ponen el interés privado por encima del interés general de los redovanenses.

El gobierno local, dirigido por Emilio Fernández, ha decidido privatizar el servicio del agua del municipio. En el Pleno de este miércoles se ha dado un paso más en el proceso con la publicación de las cláusulas del contrato, aprobadas por el grupo popular en solitario (ya que tiene la mayoría absoluta del Pleno), dando comienzo al proceso de privatización.

El grupo muncipal Sí Se Puede Redován, que ya se mostró contrario en el Pleno que tuvo lugar este verano, cuando se aprobó poner en marcha el proceso, ha vuelto a votar en contra de lo que considera “un atropello al derecho al agua de las vecinas y vecinos de Redován”. El portavoz del grupo, Víctor Ros, expresa que “el Partido Popular mintió en su programa electoral cuando decía que mantendría en manos públicas el servicio y que ha seguido mintiendo y ocultando sus auténticas intenciones en los dos años que llevan preparando la licitación”.

Desde Sí Se Puede piden al Partido Popular que “no anteponga los intereses privados al interés colectivo de las vecinas y vecinos de Redován”. Es por ello que han solicitado al gobierno local en el Pleno que se paralice el proceso y que se solucionen los problemas de la red de abastecimiento con la ayuda de las instituciones públicas a nivel provincial y autonómico.

Por otro lado, el edil culpabiliza del deterioro de la red de abastecimiento tanto al actual gobierno municipal como a los que le han precedido, puesto que no han dado solución a los problemas de la red. Problemas que, según Ros, “no justifican de ninguna manera la privatización de un bien común, más bien al contrario, deberían animar a una acción conjunta desde las instituciones municipal, provincial y autonómica para mejorar el servicio desde lo público”.